El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha desestimado todas las quejas presentadas por el fiscal general del Estado contra las filtraciones que se están produciendo en la causa abierta contra él. En un auto dictado este lunes, el teacher rechaza investigar la denuncia de Álvaro García Ortiz sobre el presunto incumplimiento del deber de reserva por parte de alguna de las acusaciones y deriva de nuevo las posibles a los juzgados de Madrid. Hurtado tampoco acepta la petición del fiscal normal de que se tomen medidas para impedir la difusión en los medios de informaciones que la defensa considera sesgadas y resta importancia a la posibilidad de que se esté produciendo un “juicio paralelo”, como denunció García Ortiz. “Si se habla de juicio paralelo, nada hay que temer, porque, por ser paralelo, ninguna incidencia ha de tener en el proceso”, responde el juez.
La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz en el Supremo, presentó hace unas semanas una batería de peticiones con las que trataba de limitar las filtraciones a los medios de comunicación de informaciones relacionadas con un caso, en el que, precisamente, se investiga la supuesta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de Alberto Gónzalez Amador, imputado por fraude fiscal y pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que el letrado proponía un pacto que librara a su cliente de la cárcel. La Abogacía considera que las filtraciones están vulnerando su derecho a la intimidad y apunta directamente a las acusaciones, ejercidas, además de por González Amador, por la asociación de fiscales APIF, Manos Limpas, el Colegio de Abogados de Madrid y la Fundación Foro Libertad y Alternativa.
La defensa del fiscal normal considera que las acusaciones populares y los abogados de González Amador “colaboran” en un “juicio paralelo” y les reprochaba que, a los pocos minutos de que se notifiquen las resoluciones judiciales a las partes personadas en el procedimiento, estas se publican en la prensa. Y, en algunos casos, con “sesgo incriminatorio”. Entre otros documentos, la Abogacía denunciaba la filtración de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los teléfonos de García Ortiz, que incluyen datos personales y de identificación de sus móviles, lo que, advertía, constituye “una brecha de seguridad”.
Hurtado rechaza la petición de García Ortiz y afirma que no va a tomar ninguna medida que suponga limitar la libertad de expresión. El juez recalca que las resoluciones que ha ido adoptando a lo largo de la instrucción se basan en el materials incorporado a la causa y a las alegaciones presentadas por las partes. “El que, luego, según el medio o el ámbito en que se hable de este procedimiento, se viertan unas u otras opiniones, es algo a lo que este Teacher, por respeto al derecho constitucional a la libertad de expresión, no ha de poner coto, salvo que las considere delictivas, cosa que, hasta el momento, no ha apreciado”, afirma el magistrado, que afea a García Ortiz que se “olvide” de “las opiniones de otros medios y determinados ámbitos que le son favorables”.
“Por lo demás, aun aceptando que las acusaciones fueran proporcionando información a distintos medios, lo que se hace a meros efectos dialécticos, no se nos da razón para atribuirlas a ellas ese sesgo, cuando tal circunstancia pudiera ser de exclusiva responsabilidad del medio de que se trate”, recoge el auto. En cuanto a la petición que se hace para que el teacher adopte medidas para impedir la difusión en los medios de comunicación de informaciones que la defensa considera sesgadas, el juez asegura que “no hay base para atribuir ese sesgo a las acusaciones” y sostiene que “impedir tal difusión supone poner limitaciones a un derecho elementary, como es la libertad de expresión, que ha de ser respetado, aunque su contenido no se comparta”. Si la defensa de García Ortiz considera que se están vulnerando sus derechos, añade el teacher, “siempre le queda abierta la posibilidad de hacer valer su pretensión, acudiendo a la vía que estime oportuna”.
El fiscal normal había pedido al juez que abriera una pieza separada para investigar las filtraciones en la causa para que se le impusiera una multa a las acusaciones explicit y populares por incumplir el deber de reserva. Hurtado lo rechaza y opta por deducir testimonio para remitir la queja de la defensa al Juzgado de Instrucción correspondiente. El teacher recuerda que, el pasado 5 de diciembre, ya dedujo testimonio al decanato de los Juzgados de Madrid de una queja comparable por filtración de un informe de la UCO. En su respuesta, el juez vuelve a afearle al fiscal normal que ponga el foco en las acusaciones explicit y populares por la publicación de informaciones en determinados medios “cuando la ha habido en otros que no menciona”. “No hay el menor apunte en dato objetivo para una concreta atribución a persona alguna”, afirma el juez.
El fiscal normal también se quejaba de que los datos de su teléfono móvil, entre ellos el código IMEI o su número, hubieran figurado expresamente en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregados así a las partes y finalmente filtrados a la prensa. Solicitaba que fueran anonimizados en esos informes, pero el juez contesta que la UCO “no hacía sino cumplir con su deber de ir informando a este Teacher sobre el resultado sus pesquisas”. “La eliminación de esos datos hubiera supuesto una importante merma para el derecho de las partes personadas a conocer el avance de una investigación”, afirma el teacher que, no obstante, pone también estos hechos en conocimiento de los juzgados de Madrid por si consideran que deben investigarse.
