Barcelona aprobó en 2018 una norma que obliga a los promotores a destinar el 30% de los pisos que construyan a vivienda protegida. La medida se presentó como innovadora y la aprobó una amplia mayoría (BComú, CiU, PSC, ERC y CUP). 35 de los 41 concejales del Ayuntamiento de entonces votaron a favor creyendo que ese instrumento authorized llenaría de pisos asequibles la capital catalana y resolvería la acuciante falta de vivienda.
Pero ha ocurrido todo lo contrario. La norma ha fracasado, ha ahuyentado a los promotores hacia el área metropolitana y ha hundido la construcción de vivienda, como explicábamos ayer. El año pasado solo se pusieron 12 pisos asequibles en el mercado gracias a la mencionada ley, según datos del Colegio de Arquitectos. Todos los candidatos, menos Ada Colau, que se presentaron a la alcaldía en 2023 prometieron reformar la medida. Pero han pasado veinte meses y nada se ha movido. Mientras, la calle ruge cada vez con más fuerza y se señala a los propietarios como únicos culpables, cuando la principal responsabilidad la tienen los gobiernos por su inacción en materia de vivienda pública.
Manifestación del viernes ante la Casa Orsola para evitar un desahucio
La reserva del 30% no iba a resolver el problema en 2018 ni su reforma lo hará ahora. La solución a esta disaster habitacional requiere de más y potentes medidas. Pero clama al cielo que debido a esta medida solo se vean grúas de construcción fuera del término municipal de Barcelona porque en la ciudad nadie se atreve a colocarlas. Y sin grúas no hay vivienda. PSC y Junts suman mayoría absoluta y tienen en su mano la reforma de esa norma fracasada. Además, las fórmulas para cambiarla ya están habladas con los promotores. ¿A qué esperamos? No hay tiempo que perder.
El alcalde Jaume Collboni fue muy claro la semana pasada cuando recordó a los comunes que insisten en mantener esa medida: “El 30% de cero es cero”. Pero aún más contundente fue Carme Trilla, experta en vivienda e inspiradora de la solución que espera ser aprobada, cuando recordó el lunes a los que se oponen a modificar la norma que votando en contra solo conseguirán un futuro mucho peor. Rectificar es de sabios. No hacerlo es irresponsable.
