El paquete de medidas anunciado por el Gobierno central para tratar de mitigar la carestía de la vivienda mira al País Vasco en dos cuestiones fundamentales: la perpetuidad de la vivienda protegida pública y la primacía del alquiler social frente a la venta en el caso de las viviendas públicas. Se trata de los dos grandes ejes de la política de vivienda en Euskadi en las últimas décadas, políticas que vienen ofreciendo resultados, aunque no han podido evitar que las capitales vascas sigan a la cabeza en cuanto al precio del metro cuadrado.
Entre las 12 medidas anunciadas por el Ejecutivo central, no obstante, hay una más que se viene implementando por parte del Gobierno vasco desde hace nada menos que 25 años: el programa Bizigune, para movilizar viviendas de particulares dirigidas al alquiler social.
El 27% de los pisos de alquiler social
Este programa se ha convertido en una pata basic de la política de alquiler social en Euskadi, hasta el punto de que estas viviendas de particulares suponen alrededor del 27% de todo el parque de alquiler social con el que cuenta el Gobierno vasco. Hasta 7.475 de un whole de 28.000 viviendas dirigidas al alquiler social.
La particularidad de este programa es que promueve un alquiler incentivado, movilizando a particulares reticentes a sacar sus viviendas al mercado libre de alquiler, y que ese alquiler es gestionado después por el Gobierno vasco y canalizado fuera del mercado libre.
A través de la sociedad pública Alokabide, el Ejecutivo vasco asume la gestión del alquiler de esas viviendas, fuera del mercado de alquiler libre, y evita los trámites al propietario.
Un presupuesto de 41 millones
A cambio de esa gestión de la vivienda, garantiza a los dueños de las viviendas una renta mensual de un máximo de 675 euros que se calcula en base a un informe técnico. En este momento, como consecuencia de la subida de los alquileres, el Gobierno vasco está trabajando en aumentar el tope, según indican desde el Ejecutivo; sin embargo, aún están valorando cómo y dónde, ya que ese incremento se podría limitar a los municipios que se hayan declarado zonas tensionadas.
Bizigune, que cuenta este año con un presupuesto de 41 millones, garantiza la “devolución de la vivienda en el mismo estado de conservación en que se entrega, salvo el desgaste regular generado por el uso apropiado de la misma”. El explicit, no obstante, se debe comprometer a ceder su vivienda durante un mínimo de seis años.
Finalmente, el programa se encarga de otras cuestiones como el mantenimiento de la vivienda, la tramitación del certificado de eficiencia energética, el asesoramiento en torno a la puesta a punto de la vivienda vacía, la contratación de un seguro multirriesgo o el abono de algunas tasas municipales.
Se cobra cuando se alquilan
Las viviendas se alquilan en régimen de alquiler social y van dirigidas a personas con rentas de entre 3.000 y 21.000 euros que cumplan las condiciones generales de Etxebide, el servicio vasco de vivienda. Los propietarios comienzan a cobrar su renta mensual una vez que salen al alquiler, aunque esta circunstancia no es un problema. Más allá de las que se reservan para situaciones excepcionales, la mayoría están alquiladas y existe lista de espera.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, el socialista Denis Itxaso, subrayaba en una reciente entrevista con La Vanguardia la virtualidad para “movilizar vivienda libre de propietarios que desean ponerlas en el mercado de manera segura”.
“Ante la existencia de razones que pueden retraer su puesta en el mercado, ofrecemos una intermediación. Les garantizamos que van a cobrar puntualmente a primeros de mes y que la van a recuperar en el estado que la pusieron”, explicaba.
De las 7.475 viviendas de particulares con las que cuenta el programa, alrededor de 3.000 han sido captadas en los 10 últimos años, de manera que el programa sigue nutriendo su parque de viviendas a un ritmo sustancial.
A falta de conocer los términos precisos en que el Gobierno español impulsará su programa de alquiler con garantías, el ministerio ha adelantado que impulsará “un sistema de garantías públicas que protegerá tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible para movilizar viviendas vacías”.
El programa, como en Euskadi, asegurará al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso. El objetivo del Ejecutivo es que entre en funcionamiento este año “con los propietarios que alquilen a personas menores de 35 años”.
Lee también
httpspercent3Apercent2Fpercent2Fwww.lavanguardia.compercent2Flocalpercent2Fpaisvascopercent2F20250203percent2F10339221percent2Fasi-captado-gobierno-vasco-7-500-pisos-particulares-garantia-pago.html
Source link
