Dos fotografías y un vídeo publicados en las últimas semanas en EL PAÍS ―las imágenes de dos soldados norcoreanos apresados en Ucrania y el vídeo de la declaración ante el juez de la actriz Elisa Mouliaá, quien ha denunciado al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por agresión sexual― han suscitado la protesta de algunos lectores, que creen que el periódico no debió mostrarlos. Ambos casos comparten las mismas decisiones de ética profesional que este periódico asumió a la hora de publicar las imágenes y por eso merece la pena analizarlos a la vez.
Las fotos de los soldados norcoreanos fueron tomadas por el servicio de inteligencia de Ucrania y distribuidas por su Gobierno. “Según la Convención de Ginebra, los prisioneros de guerra tienen derecho a un trato humano y justo y a no ser retratados ni grabados con fines propagandísticos”, reprocha el lector Óscar Alonso, que añade: “Un medio serio y profesional no puede saltarse a la torera la legislación internacional de guerra”.
La queja de los lectores Ana Gómez y David Nuño es sobre el vídeo que revela el polémico interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Mouliaá. En este caso, es una grabación oficial del juzgado y la fuente que la filtró está protegida por el secreto profesional de los periodistas que firmaban la noticia.
“¿Qué límite ponemos a la libertad de información?”, escribe Nuño. “¿No hubiera valido con describir por escrito el hecho con las reflexiones oportunas? ¿No gustaría ver expuestas así a nuestras hijas o mujeres queridas? En lo que a mí respecta, no tengo dudas; hay que dar información veraz y exacta con la técnica adecuada para mitigar daños colaterales a personas inocentes”.
Y Gómez plantea: “Se trata de una grave intromisión en la intimidad. ¿Dónde queda el derecho al honor? ¿Por qué han salido a la luz? ¿No hay un libro de estilo que evite que se publiquen estos interrogatorios tan delicados?”.
Las dos informaciones tienen un origen comparable: quien estaba obligado a no revelar las imágenes decidió entregarlas a los periodistas; solo que el deber de preservarlas period de las fuentes, no de los reporteros.
Por eso, en España, el Código Penal castiga a quien revela sin autorización una información, pero no al medio que la publica. Además, la jurisprudencia suele primar el derecho a la información de los ciudadanos cuando este entra en colisión con otros derechos, como al honor o a la propia imagen. Es la garantía de que exista una opinión pública libre y plural. Pero eso no significa que los periodistas de EL PAÍS puedan hacer cualquier cosa.
Primero, porque sí existe la responsabilidad civil a la que pueden acudir aquellos que consideren vulnerados sus derechos. Segundo, porque son de obligado cumplimiento los principios éticos que el periódico se ha impuesto y ha recogido en el Libro de Estilo, que indica lo siguiente: “Las informaciones que afecten al honor y la intimidad de las personas solo se publicarán si, además de estar contrastadas, responden al interés público, especialmente si sus protagonistas no tienen relevancia pública”.
En la práctica, se analiza caso por caso. Los redactores comprueban primero los hechos y, después, la cadena de mando pondera si la información que ofrece la imagen es relevante, si no hiere la sensibilidad del lector o si resulta innecesaria. No siempre el proceso requiere de un profundo debate, porque el hábito lleva a que muchas de estas elecciones éticas sean automáticas.
Hay muchas situaciones en las que se descartan fotos o vídeos por estas razones. Por ejemplo, cada día llegan imágenes muy duras a la Redacción de la guerra en Gaza, pero no se publican por su brutalidad. En cambio, en las dos situaciones tratadas, la conclusión fue que las imágenes documentaban unos hechos relevantes y, por tanto, tenían un alto valor informativo.
Para evaluar el caso de los soldados norcoreanos, acudí a los redactores jefes Lucía Abellán, de Internacional, y Moeh Atitar, de Fotografía. Ambos defienden que las fotos mostraban por primera vez la presencia de militares de Corea del Norte en la guerra entre Rusia y Ucrania, como este último país había denunciado. Por tanto, la imagen prueba la participación de un tercer país con soldados en zona de combate. También se tuvo en cuenta que no eran imágenes desagradables o que mostraran a los prisioneros en una situación humillante, más allá de su condición de presos de guerra.
Ahora que se han conmemorado los 80 años de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau viene a la memoria cómo las fotografías de los internos de este campo sacudieron la conciencia internacional sobre la política de exterminio de los judíos a manos de los nazis. Como entonces, la Convención de Ginebra obliga a los países combatientes, pero no a los medios de comunicación cuando la información es relevante.
También la sección de Sociedad, explica su redactor jefe, Pablo Guimón, tuvo claro que el vídeo de la declaración de Mouliaá es de interés público. No solo por el tono de las preguntas del juez Carretero y el diferente trato a la denunciante que al acusado ―el Consejo Basic del Poder Judicial le ha abierto al magistrado una investigación tras recibir miles de quejas por su intervención―, sino porque el interrogatorio ha reforzado un argumento clave en el caso Errejón.
El político dimitió tras una denuncia anónima en Instagram sobre su comportamiento sexual, que abrió un debate en la opinión pública acerca de las acusaciones fuera de los tribunales. Sin embargo, el vídeo con el testimonio de la única mujer que se atrevió a presentar una denuncia formal ilustra por sí solo por qué muchas víctimas de agresión sexual desconfían de los procedimientos judiciales para encontrar una reparación.
En este caso no hubiera bastado, como sugiere el lector, con haber relatado lo ocurrido en la sala del juzgado. Hay matices que difícilmente se pueden reflejar con una narración escrita, aunque sea literal. La mayoría de las veces resulta necesario mostrar los hechos en toda su crudeza para explicar lo que ocurre. La imagen no deja lugar a las dudas; es una prueba irrebatible. Por eso, en mi opinión, la elección en ambos casos es la correcta: no quedaba más que publicar.
Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).
