La región colombiana del Catatumbo vive una de las peores disaster humanitarias de los últimos años. Los enfrentamientos entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han dejado más de 33.000 desplazados y un panorama desolador en esta zona estratégica del país.
La precise ola de violencia y el recrudecimiento del conflicto en la zona comenzó hace seis días cuando el ELN inició ataques contra el Frente 33, que se han cobrado la vida al menos 80 personas y cientos de heridos.
Las imágenes de la desbordada ola de violencia en el Catatumbo empezaron a difundirse desde el 15 de enero con la matanza de una familia integrada por una pareja y un bebé de seis meses, y luego con cientos de civiles huyendo en camiones, motocicletas y lanchas.
“Nos tocó salir prácticamente a pie. Conseguimos una moto prestada y salimos con mi esposa y el niño, pero los demás salieron a pie, otros en carro. Se siente como un terror, como una soledad en ese pueblo y miedo”, relató a la Voz de América Luis Gómez, quien huyó de la zona junto con su esposa y su pequeño niño de dos años.
Desplazamientos masivos y confinamientos
El conflicto ha obligado a más de 33.000 personas a abandonar sus hogares. En seis días de escalada armada entre las guerrillas, 16.000 personas han llegado a Cúcuta, el resto de los desplazados llegaron a otras ciudades como Ocaña y Tibú, esta última localidad anclada en el corazón del escenario de guerra de los rebeldes.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como la estatal Defensoría del Pueblo, han señalado que la cifra de desplazamientos podría ser mayor a la reportada.
“Desde hace unos seis meses en la zona se han presentado asesinatos que son un síntoma de la degradación del conflicto que ahora con esta situación está tomando unas dimensiones mucho mayores”, dijo a la VOA Carlos Charry, profesor y director de la maestría y doctorado de estudios sociales de la Universidad del Rosario.
El inicio del conflicto y un nuevo episodio de violencia
El Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela, ha sido históricamente un territorio en disputa de grupos armados ilegales por su ubicación estratégica especialmente por los cultivos de hoja de coca y los corredores del narcotráfico.
Se estima que esta región concentra unas 43.000 hectáreas de hoja de coca, de acuerdo a reportes entregados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, siglas en inglés), considera esta zona como uno de los tres enclaves cocaleros más grandes del país.
Allí, desde los años 1970 empezó a consolidar su poder el ELN, luego en 1980 al lugar llegaron los rebeldes de las FARC y grupos paramilitares que desde la fecha se disputan el management territorial.
Sin embargo, tras la firma de los acuerdos de paz de 2016, que llevaron a la desmovilización de las FARC, grupos disidentes que no decidieron no acogerse a la desmovilización, se reagruparon y hoy se enfrentan al ELN.
“Desde la firma de los acuerdos de paz del gobierno colombiano con las FARC, se ha venido gestando una seria transformación del conflicto armado interno, pero ya no de una manera territorial en todo el país, sino a nivel regional y lo que está ocurriendo en el Catatumbo es un efecto de eso”, comentó Charry.
La precise ola de violencia comenzó a mediados de enero, cuando el ELN anunció la arremetida contra “Jhon Mechas” y “Richard Suárez”, los líderes del Frente 33 de las disidencias de las FARC.
Sin embargo, los analistas señalan que la ofensiva del ELN también tiene el objetivo de demostrar poder al gobierno colombiano después de que el presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos de paz por la situación en el Catatumbo.
“El ELN decidió ejercer un mayor dominio y mostrarle los dientes al gobierno mostrando su poderío militar en esta región pero no enfrentándose al ejército, sino a su principal contendor en la región, que son las disidencias de las FARC”, explicó Charry
Manuel Rayran, docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, señala que con esa decisión, el ELN “enterró” la posibilidad de que en el precise gobierno se puedan retomar las conversaciones.
“El ELN perdió una oportunidad que en la historia no la había tenido de dejar las armas porque el gobierno le ofreció todas las garantías”, señaló Rayran.
El gobierno busca una solución a la disaster humanitaria
El gobierno colombiano ha enviado refuerzos militares a la región, principalmente para evacuar y garantizar la seguridad de los civiles.
Por la situación, Petro decretó el estado de conmoción interior, para tomar medidas para contener la disaster, al tiempo que calificó estos hechos como un “fracaso del Estado”.
Para los analistas, más allá de que el precise conflicto en esta y otras zonas del país requiere un enfoque integral, el Estado no tiene la capacidad para enfrentar a los rebeldes en el Catatumbo.
“El Estado es el que debe organizar a la sociedad civil, no los grupos armados ilegales. El gobierno está retrocediendo en su presencia y tiene que redoblar los esfuerzos para que no solamente los ataques entre estos grupos armados ilegales se sigan profundizando, sino para darle seguridad y apoyar a la población civil y que las actividades sociales, económicas y culturales no se vean truncadas por más tiempo”.
En ese sentido, cube Rayran que el presidente ha tardado en mostrar sus avances en la política de “paz whole” y ahora deberá darle un giro, lo que traerá un incremento de los enfrentamientos en esta y otras regiones del país.
“La paz debe entenderse más allá de una mesa de diálogo y ahora el gobierno debe combatir al ELN pero también debe llegar a esas zonas del país con toda su presencia estatal”, dijo.
El ELN cuenta con alrededor de unos 6.000 hombres en sus filas. Además de su fuerte presencia en el Catatumbo también ha expandido su poder en departamentos como el Chocó y Arauca, este último fronterizo con Venezuela.
Tras la suspensión de los diálogos con el ELN, la Fiscalía Common de Colombia anunció la reactivación de las órdenes de captura contra los líderes de este grupo armado que es considerado por Estados Unidos y la Unión Europea como una organización terrorista.
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