El antiguo líder de los Proud Boys y el fundador de los Oath Keepers, milicias de extrema derecha que lideraron la insurrección del 6 de enero del 2021 en el Capitolio, ya están en libertad. Es una de las primeras consecuencias del retorno de Donald Trump al poder, que en su primera ronda de órdenes ejecutivas indultó a casi todos los 1.600 procesados por el asalto al Capitolio y conmutó las largas penas de prisión por sedición que habían recibido sus principales responsables. Su salida de la prisión federal en Washington simboliza el rumbo ultraconservador que ha tomado Estados Unidos, con un jefe de Estado dispuesto a dar impunidad a la violencia de grupos supremacistas.
Enrique Tarrio (Proud Boys) y Stewart Rhodes (Oath Keepers) recibieron las condenas más elevadas, al considerar la justicia federal que lideraron el intento de interferir en la transferencia pacífica del poder tras la victoria de Joe Biden en las elecciones del 2020. Tarrio fue condenado a 22 años de cárcel y Rhodes a 18 años, pero ya están en libertad y han sido recibidos con celebraciones a las puertas de los centros de detención en los que se encontraban, en Maryland y Louisiana.
Stewart Rhodes
Mientras Trump tomaba posesión de su cargo, el lunes, medio centenar de personas pertenecientes a los Proud Boys marcharon por las calles de Washington escoltados por policías, que los separaban de manifestantes antitrumpistas. Los ultraconservadores llevaban pancartas en las que señalaban su apoyo al “poder blanco” que representa Trump, que en una de sus primeras órdenes ejecutivas derogó las 78 firmadas por Biden, entre ellas, la que ordena a la administración a priorizar la “equidad” en sus políticas.
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Tarrio y Rhodes fueron condenados por sedición y recibieron las penas de prisión más altas por el 6 de enero
El asalto al Capitolio fue la culminación de un proceso de radicalización y normalización de la extrema derecha durante el primer mandato de Trump, y en los próximos cuatro años seguirá campando armada a sus anchas con la connivencia de la Casa Blanca. Aquel 6 de enero murieron cinco personas y unos 140 agentes resultaron heridos, producto de la violencia que ejercieron estos grupos armados, que rompieron el cordón policial e irrumpieron en el edificio legislativo, ocupando los despachos de los congresistas, las dos cámaras legislativas y la icónica rotonda, bajo la cúpula, el lugar donde Trump juró la Constitución el lunes.
En su discurso de investidura, el presidente no hizo ninguna referencia a los encarcelados por el intento de insurrección, a quienes se refiere como “rehenes” de un sistema judicial “corrupto”. Después, tras el desfile inaugural, calmó los ánimos: “Iba a hablar de los rehenes, pero estaréis contentos porque lo que cuenta es la acción, no las palabras. Y esta noche vais a ver mucha acción”.
Enrique Tarrio
El presidente está intentando reescribir la historia de lo que ocurrió ese día, impulsando teorías de la conspiración, como que el ataque fue promovido por la CIA o permitido por la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. “Borraron toda la información sobre Pelosi, que rechazó mi oferta de 10.000 soldados”, dijo el lunes, en su segundo discurso tras ser investido. “Aunque no eran necesarios 10.000, con 500 soldados se habría detenido. Tal vez ella quería que sucediera, es culpable como el demonio”.
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Decenas de seguidores de Trump, principalmente amigos y familiares de los condenados, llevaban años acudiendo cada día a la llamada Esquina de la Libertad, al exterior del correccional en Washington donde se encontraban una treintena de los 650 encarcelados por el asalto al Capitolio, y que La Vanguardia visitó en el cuarto aniversario del 6 de enero. El lunes, miraban sus teléfonos impacientes por saber si sus cercanos habían sido liberados. En los próximos días, todos ellos volverán a sus casas, y el mayor ataque a la democracia estadounidense desde la guerra civil se convertirá en una easy anécdota.
