Sobre el papel, en el Govern de la Generalitat mantienen la esperanza de negociar y aprobar con ERC y Comuns los presupuestos de este año, pero no pecan de ingenuidad y ya tienen preparada una alternativa, adelantada esta semana por la consellera de Economia, Alícia Romero. El plan B es aprobar y validar en el Parlament con el apoyo de la mayoría de investidura modificaciones presupuestarias y suplementos de crédito para gasto por valor de, al menos, 4.400 millones de euros.
Esto permitiría que todos los departamentos de la Generalitat “puedan contar con los mismos recursos que si hubiéramos aprobado los presupuestos”, pero igualmente “será necesario negociar”, advierten en Economia.
El Govern esperará hasta last de mes para verificar si los republicanos modulan su posición contraria a negociar las cuentas del 2025, expresada por Oriol Junqueras esta semana, y la consellera Romero seguirá con la ronda de contactos con los partidos y agentes sociales anunciada a principios de año. Con ERC aún no se ha cerrado una cita, pero con la CUP y el PP será próximamente,
Pasado este plazo, y como máximo en la segunda quincena de febrero, el Ejecutivo catalán pondrá en marcha el plan alternativo: la aprobación de un decreto ley con el incremento presupuestario previsto y otro decreto legislativo que haría las veces de la ley de acompañamiento y que incorporaría la batería de medidas fiscales planeadas, algunas incluidas en los acuerdos de investidura y otras aún por negociar. Es el caso del incremento de la tasa turística, la rebaja del IRPF a las rentas de menos de 33.000 euros, o el endurecimiento del impuesto de Transmisiones Patrimoniales (del 10 al 20%) para los grandes tenedores de vivienda, como plantean los comunes.
Por tanto, aunque no haya acuerdo de presupuestos este año, un coste político que los republicanos prefieren ahorrarse en estos momentos, en el Govern confían en disponer de los recursos correspondientes por la vía de los hechos, pactando con sus socios para que muchas de las medidas estrella del plan de gobierno, como las de vivienda, el plan de barrios, o el necesario incremento del gasto en sanidad, no se vean comprometidas.
Según Economia, “la diferencia entre aprobar los presupuestos y la prórroga es básicamente de gestión”
“No podemos poner en riesgo nada de lo que tenemos previsto”, justifican fuentes de Economia, que recuerdan que el Govern de Pere Aragonès ya aprobó el año pasado, con el apoyo de los socialistas, suplementos de crédito por valor de 2.700 millones de euros para atender los incrementos de gasto tras la prórroga. De ellos, 2.100 millones se incorporaron a través de tres decretos ley que fueron validados en el Parlament, y los otros 600 millones no requerían de aval parlamentario porque correspondían a modificaciones directas por intereses de deuda.
El suplemento de crédito que quiere aprobar el Ejecutivo de Illa debe incorporar esos 2.700 millones, por lo que en realidad los socialistas solo incorporarían un incremento de gasto nuevo de 1.700 millones.
La intención de Economia es aprobar un solo decreto ley que lo englobe todo, sin perjuicio de que con la buena marcha de la economía, de los ingresos o la condonación de parte de la deuda del FLA, se puedan aprobar otros más adelante que habiliten más recursos.
Sin presupuestos, la gestión para el Govern es más compleja, pero el decreto de prórroga firmado por Romero en diciembre, y que aún debe convalidarse en el Parlament, facilita algo las cosas. En él se incorporaron dos preceptos que permiten realizar modificaciones presupuestarias entre departamentos y que, siempre que no superen el millón de euros, no tengan que recibir el aval de la Cámara catalana –antes el límite eran 100.000 euros–. “Así se gana tiempo”, explican en el Govern.
“La diferencia entre aprobar los presupuestos y la prórroga es básicamente de gestión”, resumen en Economia, que sin embargo admiten que algunos proyectos, si no contaban con partidas en el presupuesto del 2023 ni estaban previstos en la prórroga del 2024, recibirán ajustes y sufrirán una tramitación más lenta.
El Ejecutivo catalán aprobará en febrero dos decretos, uno de ellos con las medidas fiscales planeadas
Es el caso del plan de barrios, que podría verse afectado por “la limitación de recursos que tendremos”. En cambio, en sanidad el Govern ha ejecutado un gasto de 15.500 millones en 2024 y a finales de año aprobó un acuerdo por el que autorizaba que el gasto meritado del departamento, del CatSalut y del ICS aumente un 3,2% en el 2025, el máximo permitido, por tanto en Salut “tienen un paraguas que antes no tenían y podrán gastar lo que estaba previsto”. Y con vivienda, “exactamente igual”, aseguran en Economia.
Aunque el plan B del Govern genera “cierta complicación administrativa superable”, la situación es menos problemática en el contexto de crecimiento económico precise. El peligro es que ni siquiera se puedan aprobar los decretos previstos. Entonces, “cada uno deberá asumir su responsabilidad”, avisan en el Govern de Illa.
