Una jueza de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un total de 74 años y medio de cárcel a los cuatro jóvenes que participaron en el asesinato de Samuel Luiz en esa ciudad en julio de 2021. La sentencia castiga a los responsables de un caso que conmocionó a España y tuvo repercusiones internacionales por lo que revelaba sobre la homofobia persistente incluso en una sociedad como la española, una de las más abiertas a la diversidad sexual del mundo.
Los hechos son los que el jurado dio por probados el pasado mes de noviembre. La noche en la que los locales de ocio nocturno de Galicia reabrían sus puertas tras 15 meses de cierre obligado por la pandemia, Samuel Luiz, de 24 años, español nacido en Brasil, estaba haciendo una videollamada en el paseo marítimo de la capital coruñesa. Un hombre de su misma edad años creyó que le estaba grabando y la emprendió con él, primero a voces y luego a puñetazos y patadas, al grito de “maricón”. Sus amigos se le sumaron y entre tres (eran cuatro personas, pero el jurado no dio por probado que uno de ellos golpease a Luiz) se ensañaron con el joven hasta matarlo a golpes. Al darse cuenta de lo ocurrido, los asesinos se marcharon del lugar. Uno de ellos se llevó el teléfono móvil de su víctima, cuyo cadáver presentó más de 30 lesiones.
La instrucción del caso ha sido larga y compleja. La parte más difícil y polémica fue usar las cámaras de seguridad situadas en la zona para identificar a los responsables. Igualmente complicado ha sido demostrar el agravante de homofobia, que solo se ha aplicado a uno de los acusados.
Ocurrido tras una serie de salvajes agresiones homófobas, el asesinato de Samuel Luiz indignó con razón a la comunidad LGTBI+ y a todo el país, que salió a la calle para mostrar su preocupación y su ira por el aumento de los delitos de odio. Pasados tres años, ese tipo de delitos no ha dejado, lamentablemente, de aumentar: crecieron un 21% solo en 2023, según las estadísticas del Ministerio del Inside. Eso, entre los que se reconocen y engrosan la estadística, porque se calcula que ocho de cada 10 agresiones no se denuncian jamás.
Al calor del auge de la ultraderecha y de la misoginia que permea las redes sociales, la homofobia se está radicalizando y volviendo cada vez más proactiva y violenta. Y decisiones como la de Meta de cambiar su política de control de contenidos y amparar las descalificaciones por motivos de género no ayudan, todo lo contrario. La cárcel siempre es un fracaso colectivo que recurre a la punición para solucionar aquello que deberían prevenir la educación y la convivencia. Con todo, ante un presente tan oscuro, reconforta saber que, como en el caso de Samuel Luiz, el Estado de derecho tiene herramientas para hacer justicia, castigar el odio y proteger a los ciudadanos.
