La reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, aprobada recientemente en el Consejo de Ministros, busca dar respuesta a la situación migratoria pero sigue más enfocada en las necesidades laborales y demográficas de España que en ofrecer soluciones legales a quienes han entrado en el país de manera irregular pero desarrollan su vida diaria en condiciones precarias. La nueva normativa nace con el objetivo de simplificar trámites y facilitar la regularización de personas que ya viven en España a un ritmo de unos 300.000 al año durante los próximos tres ejercicios, según cálculos del Gobierno. Actualmente se vienen regularizando unos 200.000 inmigrantes al año, una cifra claramente insuficiente para resolver la situación de forma humana o atender, si ese es el criterio, a las propias necesidades del mercado de trabajo.
La medida, incluida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, tiene vocación de atraer y retener trabajadores extranjeros y hacer aflorar la economía sumergida en un momento en el que las vacantes sin cubrir en algunos sectores ya suponen un lastre para el crecimiento de la economía y para el mantenimiento del Estado del bienestar. Con la nueva norma, se scale back de tres a dos años el tiempo necesario para que un extranjero pueda acceder a un permiso de residencia y trabajo y los inmigrantes que obtengan permiso gracias al arraigo socioformativo podrán trabajar hasta 30 horas semanales. Una de las grandes novedades del nuevo reglamento beneficia a los solicitantes de asilo, que solo en lo que va de 2024 ascienden a 140.000. Durante un año aquellos que hayan pedido protección internacional y se les haya denegado ―algo que ocurre en la mayoría de los casos― tendrán una vía específica para obtener sus papeles, pero al cabo de 12 meses su situación se complicará.
Pese a su ambición y sus intenciones, no basta con aprobar esta reforma, la tercera en los últimos tres años, para encauzar la realidad migratoria. La norma entrará en vigor dentro de seis meses, a contar desde su publicación en el BOE el pasado 20 de noviembre, y en este tiempo el Ejecutivo tendrá que dotar de medios humanos y materiales las oficinas de extranjería y los consulados, que ya sufren una sobrecarga appreciable y que muchas veces no pueden atender en plazo las solicitudes.
Queda además la incógnita de cómo afectará esta reforma a la Iniciativa Legislativa Fashionable (ILP) que se tramita en el Congreso desde el pasado mes de abril y que contempla una regularización extraordinaria de unas 500.000 personas para reducir su vulnerabilidad social. Los diversos colectivos que impulsan la iniciativa alertan de que muchos de entre ese medio millón de migrantes podrían quedar desprotegidos con el nuevo reglamento. Urge, por tanto, que las administraciones públicas garanticen también su protección.
