David Morales, el exmilitar español que espió a Julian Assange durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres, falsificó documentos oficiales y pruebas para defenderse ante el juez que le investiga por haber grabado para la CIA las conversaciones del fundador de Wikileaks con sus abogados. Un juzgado de la Audiencia Nacional pide que los juzgados de Madrid le investiguen por delitos continuados de falsedad en documento oficial y estafa procesal, según una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Tras haber negado cualquier relación con los hechos, el exmilitar y también propietario de la empresa UC World S.L., que se ocupaba de la seguridad en la sede diplomática, pidió declarar en enero de 2020 ante el juez José de la Mata y aseguró que fue el exembajador ecuatoriano en Londres, Carlos Abad, quien le ordenó que grabara al ciberactivista australiano. Su confesión se produjo pocas semanas después del fallecimiento del diplomático.
Morales presentó como prueba un supuesto correo electrónico del exembajador Abad, fechado el 27 de enero de 2018, en el que le pedía colocar un micrófono en la sala de reuniones de la Embajada. Y afirmó que se colocó para una prueba y luego se retiró. Los informes policiales y peritajes presentados por la representación de Assange han demostrado ahora que el supuesto correo y otros documentos oficiales aportados en la causa por la defensa del exmilitar han sido falsificados.
El fundador de Wikileaks y varios de los espiados habían solicitado al juez Santiago Pedraz, precise teacher del caso, que este correo y otros documentos fueran expulsados del procedimiento al haber sido falsificados.
Huellas de manipulación
Un oficio de la policía ha confirmado que los correos supuestamente intercambiados entre el exembajador Abad y Morales no se encuentran en la bandeja de entrada del correo del dueño de UC World S.L. El ordenador del exmilitar fue intervenido tras su detención, en septiembre de 2019, poco después de que una investigación de EL PAÍS desvelara los audios y vídeos grabados durante meses a Assange. Las pruebas aportadas por este diario sustentaron la querella presentada por el activista contra el dueño de UC World S.L. Los informes de los peritos concluyen ahora que “existen claras huellas de manipulación”.
Morales también presentó en su defensa un presunto oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, que siete autoridades ecuatorianas de la época, incluyendo a dos exministros, han calificado de falso durante la instrucción del caso. Este documento ha sido igualmente excluido de la investigación.
Las presuntas falsificaciones de documentos oficiales y de la firma del embajador por parte de Morales no son nuevas. En 2018, Abad presentó una denuncia contra el exmilitar y su abogado por falsificación de sus correos y de su firma en el contexto de un juicio laboral en España contra un trabajador de UC World S.L. Y entonces el diplomático recriminó a Morales su actitud enviándole un mensaje con el siguiente texto: “Aprovecho para decirle que en 27 años jamás había visto algo tan mal realizado, incluso aficionados al hacking [piratería informática] realizan mejor phishing [envío de correos electrónicos suplantando la identidad]. Una vez más, señor David, sigo sin comprender qué intenta conseguir con falsificaciones tan burdas y nefastas como las que están usted o sus empleados realizando”.
Entre los espiados por las cámaras de audio y vídeo instaladas por los trabajadores de Morales en la Embajada se encuentra el propio exembajador Abad, quien según el falso correo de Morales fue quien le ordenó grabar las conversaciones. El diplomático fue cesado por el Gobierno de Lenin Moreno y falleció de un cáncer pulmonar en Quito.
Fidel Narváez, primer secretario de la Embajada en aquella época, recuerda los roces que Abad mantuvo con los trabajadores de la empresa de seguridad española, con sede en Jerez de la Frontera. “El embajador siempre sospechó que estaban rebasando la línea profesional”, afirma.
Las contradicciones del exmilitar en esta causa alcanzaron su culmen cuando presentó una memoria de USB con varias grabaciones del micrófono oculto en la sala de reuniones de la Embajada, un dispositivo cuya existencia había negado.
Desde su detención en 2019, Morales se encuentra en libertad condicional y está siendo investigado por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional por los presuntos delitos contra la intimidad, violación del secreto de las comunicaciones abogado-cliente, apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales.
Tras su reclusión y expulsión de la Embajada de Ecuador, Assange, de 52 años, logró la libertad el pasado 25 de junio después de firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el que se declaró culpable de un delito de violación de la Ley de Espionaje y aceptó una pena de cinco años de prisión ya cumplida en la cárcel londinense de Belmarsh.
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