Los funcionarios se lanzan a protestar por una nueva subida salarial y avisan al Gobierno: “El plazo de cortesa ha terminado, es el momento de pasar a la accin”

“El plazo de cortesa ha terminado, es el momento de pasar a la accin”. Con esta advertencia, el presidente del sindicato de funcionarios Csif, Miguel Borra, ha anunciado la convocatoria de protestas para exigir al Gobierno una nueva subida salarial y que abra la negociacin para la mejora de las condiciones laborales de los empleados pblicos. En dos semanas arrancan las movilizaciones a nivel nacional para “obligar al Gobierno a que salga de su parlisis”. “Lleva desde noviembre de 2023 dando largas a nuestras reiteradas peticiones de empezar a negociar y nos hemos cansado de que la nica respuesta sea el silencio”, ha denunciado.

El da 11 de noviembre tendr lugar la primera tanda de concentraciones frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y en las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias. La segunda se producir el 16 de diciembre. “No descartamos medidas ms drsticas, tanto paros parciales como la convocatoria de una jornada de huelga en las administraciones pblicas, que sera el ltimo recurso”, ha advertido Borra, que ha reclamado “un acuerdo salarial de legislatura” que permita recuperar poder adquisitivo perdido por el “psimo” acuerdo firmado por CCOO y UGT.

As se ha referido a la senda de mejora de las nminas de los empleados pblicos que estableci una subida del 3,5% en 2022 y otro 2,5% en 2023, incrementado en un punto adicional por la inflacin y la evolucin del PIB, y fij otro 2% para 2024, con un 0,5% additional consolidable en funcin de la variacin del IPC de todos los aos del acuerdo. “Nosotros bajo ningn concepto firmaremos una subida como la que firmaron los sindicatos de clase, por debajo del IPC”, ha asegurado el presidente de Csif.

Segn los clculos de la central sindical de funcionarios, los empleados pblicos han perdido un 5% de poder adquisitivo desde la firma de ese acuerdo y acumulan hasta un 20% de prdida tras el recorte de 2010, que supuso una merma en la masa salarial de 4.721 millones de euros solo en la Administracin Normal del Estado. Por ello reclaman al Gobierno que “salga de la parlisis” y de la “inaccin” evidente, ante la falta de Presupuestos y de un acuerdo de financiacin autonmica, y con conflictos laborales abiertos en organismos pblicos como el SEPE, la Inspeccin de Trabajo o la Agencia Tributaria, y se siente a negociar la mejora de las condiciones laborales.

Equiparacin salarial

No se trata slo de la subida salarial para los prximos aos. Los funcionarios estn reclamando que se reactive la negociacin sobre asuntos pendientes, como la equiparacin salarial entre administraciones, la oferta de empleo pblico sin tasa de reposicin, culminar el proceso de estabilizacin, mejoras en la jubilacin, la jornada de 35 horas en todo el Estado o la mejora de la asistencia sanitaria en Muface, Mugeju e Isfas, entre otras prioridades.

Respecto a la equiparacin salarial, en un informe presentado este lunes, Csif denuncia diferencias de 8.000 euros al ao de media entre los trabajadores de la Administracin Normal del Estado -que son, por ejemplo, los que trabajan en Ministerios, en el SEPE o en la Seguridad Social, y que suponen poco ms del 6% del whole de casi tres millones de funcionarios- y el resto de los empleados pblicos que trabajan en comunidades autnomas, ayuntamientos o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, exige al Gobierno que ponga encima de la mesa 1.487 millones de euros para alcanzar la equiparacin salarial en los prximos tres aos.

Adems, el sindicato reclama al Ejecutivo que negocie una nueva oferta de empleo pblico para 2025, eliminando la tasa de reposicin, y que haga stability del plan de estabilizacin de plazas de private interino.”A 31 de diciembre la cifra no debe superar el 8% del whole y las convocatorias que afectan a much de personas van con retraso de meses”, denuncian. “Esta administracin acumula un dficit de 43.000 plazas correspondientes al periodo 2010-2020 y el 60% de la plantilla se jubilar a lo largo de los prximos diez aos”, avisan desde el sindicato, que advierte de que esta situacin “pone en peligro la sostenibilidad de nuestra Administracin”.