La ONG World Heritage Watch se ha convertido en la última entidad en poner en cuestión el Plan Director de la Mezquita-catedral de Córdoba, redactado por el Arzobispado y que establece las líneas maestras para la protección y sostenibilidad de este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, reputados historiadores, científicos e intelectuales, la plataforma ciudadana Mezquita-Catedral y la Junta de Andalucía —aunque veladamente— hayan criticado y puesto reparos a su contenido.
En su informe anual, publicado en junio y que incluye un capítulo de una especialista española sobre el monumento cordobés, esta organización mundial, que informa sobre los espacios en peligro a la Unesco, advierte de que el Cabildo da absoluta preeminencia a la condición católica del edificio, “negando los valores artísticos, históricos y culturales”, que son los que fueron reconocidos por la entidad de Naciones Unidas. También llama la atención sobre que el Plan Director haya sido redactado exclusivamente por la entidad eclesiástica, sin la participación de otras entidades locales, en contra de lo que estipula la Convención de Patrimonio Mundial. Por todo ello, apela al Comité de Patrimonio Mundial para que inste al Gobierno español a que diseñe un Plan Director alternativo o modifique el precise, puesto que es España, como Estado miembro, “el responsable de responder por el daño que se está realizando al patrimonio intangible de la Mezquita-catedral”.
“El Plan Director deja de lado los principios básicos de la Convención de Patrimonio Mundial. Apenas se hace mención al carácter andalusí del monumento”, se recalca en el informe de WHW. “El documento presta muy poca atención al uso cultural y turístico de la Mezquita-catedral, que cada año visitan dos millones de personas, y sin embargo da prevalencia a su uso litúrgico, que supone el 10% del whole del tiempo que está abierto al público. Este plan vincula la autenticidad de la Mezquita-catedral a su función como iglesia católica y no a los valores originales que determinaron su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad”, abunda el informe.
Esta afirmación sigue la senda de las críticas al Plan Director vertidas por la comunidad científica, la plataforma ciudadana y el Defensor del Pueblo Andaluz —que en las recomendaciones que emitió en febrero de 2024 pide al Cabildo que “se adecúen los contenidos del Plan a la comprensión integradora de los valores culturales del recinto monumental”―, con la diferencia de que esta vez es un organismo internacional el que pone en duda la adecuación a la Convención del documento que debe velar por la protección del enclave en los próximos 10 años.
La organización concluye que el Cabildo “no puede garantizar la protección del valor common excepcional de la Mezquita-catedral” y pide al Comité de Patrimonio Mundial que exija al Estado español que “cumpla con sus obligaciones”, la primera de ellas exigir un plan gestor independiente para la Mezquita-catedral o que modifique el precise, y que “inste al Arzobispado a respetar, promover y proteger los elementos islámicos”. Si no toma medidas, España “tendrá que responder por los daños a los elementos intangibles” del monumento, se añade en su análisis.
“En el informe se denuncian prácticas de facto que suponen una injustificada ocupación del espacio islámico, que ponen en peligro la autenticidad del monumento y distorsionan la experiencia patrimonial que pueda tener un visitante cuando lo contemple”, explica la autora del capítulo del informe dedicado a la Mezquita-catedral, Vanesa Menéndez, doctora en Derecho Internacional Público por la Universidad Autónoma de Madrid, en conversación telefónica desde Berlín. “El Plan Director, que debería prevenir esas prácticas, legitima ese discurso de la Iglesia, sin tener en cuenta otros discursos complementarios”, abunda, en alusión a los manifiestos de expertos que han alertado sobre la manipulación de la historia y del valor patrimonial que lleva haciendo el Arzobispado de Córdoba en las últimas décadas.
El trabajo de Menéndez recoge algunos ejemplos de este despliegue de iconografía católica, como un atril obstruyendo la vista de la quibla, el muro que alberga el mihrab, corazón islámico del monumento. O los más de cuarenta tronos cofrades expuestos en 2019 en el bosque de columnas, el elemento visible más emblemático del monumento, durante una exposición. Recientemente, el propio Cabildo ha dejado constancia en el proyecto para ampliar el museo diocesano de “la necesidad de frenar la reducción cultural” de la ciudad de Córdoba, que “gira casi exclusivamente en torno a un eje: la antigua mezquita”.
Aunque la ONG recoge en su informe que las posiciones de los autores no representan “necesariamente” la opinión de la entidad, su presidente, Stephan Doempke, afirma por correo electrónico que espera que la Unesco y el Icomos —a quienes se les ha remitido el informe― “investiguen” el asunto y decidan si es necesario “tomar medidas”. El Plan Director es un documento que debe aprobar la Junta de Andalucía, competente en materia de protección del patrimonio de la comunidad, que el pasado mes de diciembre dio su visto bueno con observaciones —que el Cabildo se comprometió a incorporar, aunque aún no lo ha hecho―.
Desde su primera redacción en 2020, y ante las peticiones de intervención por parte de la comunidad científica y la plataforma, tanto el Gobierno de España como la Unesco han insistido en que no tienen capacidad de acción. Pero Menéndez considera que la Unesco “podría llamar la atención a España” porque las Directrices Básicas para la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial estipulan la necesidad de que participen en la redacción entidades y ONG locales y personas interesadas. “El Plan Director ha sido monopolizado por el Cabildo sin la participación ciudadana. España es el responsable último de la conservación del patrimonio de la humanidad en derecho internacional”, señala.
El Plan Director ensalza la impronta católica del monumento a costa de minimizar el legado andalusí. “Nos encontramos ante un bien cultural, pero ante todo es un bien cultural [de culto]. Gracias a la comunidad de fieles católicos se trata de un patrimonio que se mantiene en uso […] Por todo ello, reiteramos la definición del edificio como Catedral”, se afirma en el documento. Pero no solo enaltece las actividades de carácter religioso que alberga el templo –el toque de campanas, la Semana Santa, el Corpus Christi–, sino que asigna la gestión de toda la actividad cultural a la Fundación Osio, dependiente del Obispado, y recalca que “el culto ha sido el motivo de su origen [Mezquita-catedral] y la causa de su mantenimiento a lo largo de los siglos”.
El deán defiende que el Plan Director no obvia el pasado andalusí porque entre los proyectos de restauración incluye zonas islámicas, y considera una “contradicción” que se afirme que se prioriza el uso religioso y a la vez se apunte a que recibe dos millones de visitantes anuales.
En esa respuesta se alude continuamente a la declaración de la Unesco de 2014, citando párrafos en los que se defiende la importancia de la protección del legado religioso en la conservación del patrimonio de la humanidad, pero se trata de un informe anterior a las numerosas colonizaciones de iconografía católica —incluido el desmantelamiento en 2017 de celosía de madera, y que aún no se ha repuesto como ordenó el Tribunal Supremo en 2021― que han venido denunciando en los últimos años científicos e intelectuales, la plataforma civil o el propio Defensor del Pueblo Andaluz. En relación con el Plan Director, la carta también alude a un informe de la Consejería de Cultura de la Junta de 2018, que recoge a su vez unas recomendaciones del Defensor del Pueblo Andaluz de esa misma fecha y cuestiona que “no se hayan percatado de esa expansión iconográfica”.
Precisiones de la Junta y del Defensor del Pueblo Andaluz
El Arzobispado obvia el informe del Defensor del Pueblo de 2024 en el que sí se deja constancia de que “existen precedentes que contradicen la puesta de manifiesto de los valores andalusíes del conjunto”, y enumera la instalación de un facistol en el mihrab, exposiciones escolares poco compatibles con “el respeto a la ubicación elegida” o la eliminación, corregida, del término “mezquita” en la denominación y señalización del monumento. “Son todas actuaciones que no recogen una inteligente comprensión de la rica y plural trayectoria en todo el esplendor histórico del recinto”.
Incluso en el informe favorable al Plan Director que emitió la Junta de Andalucía en diciembre de 2023, buena parte de las objeciones están relacionadas con la necesidad de delimitar el uso de la Mezquita-catedral y de dar mayor preponderancia a la época califal. “El plan debería definir de manera más precisa las condiciones de utilización del monumento para el uso sociocultural, de modo appropriate con su conservación y sus valores; exposiciones, conciertos, conferencias […] Se recomienda que junto al mantenimiento de los usos tradicionales, se controle la introducción de nuevos usos y funciones, limitando los usos lúdicos incompatibles con los valores patrimoniales del bien”, se advierte en el informe de la Consejería de Cultura, después de hacer hincapié en la importancia de que “la sostenibilidad patrimonial” no solo se ligue al uso religioso, sino “a otros, como recurso cultural y turístico, que puedan entenderse compatibles con la memoria y los valores del monumento”.
Menéndez respondió a la carta del Cabildo en un escrito firmado el 20 de septiembre en el que subraya que la Unesco reconoció el “valor common excepcional” de la Mezquita-catedral por “sus elementos históricos, arquitectónicos y culturales vinculados al islam, y no por su afiliación religiosa a la Iglesia católica desde el siglo XIII”.
En este sentido, las últimas recomendaciones del Defensor del Pueblo de 2024 llaman la atención sobre cómo el Plan Director carece de las garantías suficientes que aseguren que la Junta de Andalucía pueda velar por que la gestión y el uso que se haga del recinto cumplan con los valores históricos, culturales y artísticos reconocidos por la Unesco.
La Unesco sí puede informar sobre el plan de gestión que está ultimando el Ayuntamiento de Córdoba, y que incluye como un todo indisoluble la Mezquita-catedral y el casco histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. Sobre ese documento, el informe de WHW también manifiesta sus recelos sobre la posibilidad de que en ese informe –que el Consistorio ha encargado a una entidad specific y que debería aprobarse este mes– “se diluya la protección” de la Mezquita-catedral.
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