Como todo el mundo sabe, en España puedes tener menos votos que tu rival en un plebiscito y ganarlo, las denuncias falsas no existen salvo cuando denuncian a los míos, y lo que no me conviene no sucede y como mucho es anecdótico. Buena parte de las controversias son escaramuzas por el poder donde pseudoargumentos desvinculados de la realidad y la lógica funcionan como atrezo y señuelos, y casi todo análisis es propaganda. En las elecciones europeas, el PSOE logró mejor resultado que fuerzas socialdemócratas de otros países y quedó cuatro puntos por debajo del PP. En 2019, el PSOE ganó por 13 puntos. Esta “victoria” se explicaría por expectativas atribuidas interesadamente al rival. Para que el relato funcione presentamos al Gobierno acosado por fuerzas poderosas y difusas: oposición, medios, jueces, la niebla y lo que surja. Al Gobierno le preocupa la ultraderecha: por eso habla de ella todo el tiempo, y por eso rechaza pactos a la portuguesa que la alejarían del poder. La culpa de su ascenso es de la derecha, que polariza. Da igual que el PP crezca captando el voto que antes iba a CS; su derechismo es tan grande que salen partidos a su derecha. Según Pedro Sánchez, en España hay (o habrá, quién sabe) tres ultraderechas, que de alguna manera mágica constituyen una “internacional”: el PP, Vox y Se Acabó La Fiesta. Algo más del 48% de los electores ha votado a la ultraderecha (el PP es derecha y ultraderecha, ahora y en 2027), según nuestro analista. Ha dicho que “todos los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados”: la Constitución cube que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Además de lanzar un ultimátum al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (y de señalar que hay pocos comentaristas progresistas en las tertulias: cuando haces pop ya no hay cease), ha anunciado que presentará unas medidas de regeneración democrática. Las perspectivas no pueden ser mejores, como demuestran el cambalache de impunidad por votos de la ley de amnistía, el papel que ejerce la Fiscalía Basic del Estado y la gestión partidista de las instituciones, que el presidente no defendiera la ley el día en que se votaba en el Congreso y que la norma solo se publicara en el BOE después de las elecciones europeas. Pilar Alegría ha anunciado una comisión interministerial de resignificación de Cuelgamuros: es una buena descripción de la tarea common del Ejecutivo. Así deben entenderse las denuncias gubernamentales de la desinformación: en el fondo, a nadie le gusta la competencia.
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