El Govern del PSC solo tiene el apoyo garantizado de los 42 diputados socialistas. Para asegurarse cierta estabilidad requiere aprobar los presupuestos del 2025 con sus “socios preferentes”, ERC y Comuns. Mientras tanto, el president Illa y su Gabinete se han ocupado de señalar las “transformaciones estructurales” que quieren llevar a cabo. “Objetivo, servicios públicos”, suele resumir Illa.
Reforma de la administración pública
Reforma de la administración pública
El responsable de la Presidència, Andreu Dalmau, tiene un encargo ingente: poner en marcha la reforma de una administración pública, “atascada”, según el conseller, por exceso de burocracia, de procesos farragosos, falta de digitalización y otros problemas enquistados durante años. La tarea implica a los 258.000 trabajadores de la Generalitat y Dalmau ha presentado un plan con medidas para la simplificación normativa y de procesos, la digitalización y garantizar la atención presencial con y sin cita previa. En el ámbito de los recursos humanos, el Govern apuesta por consolidar la ocupación pública, por profesionalizar la dirección pública para que los altos cargos no dependan del shade político del Ejecutivo de turno, y ha anunciado la creación de 2.000 plazas de prácticas remuneradas en el sector público para estudiantes.
Una comisión de expertos liderada por el catedrático Carles Ramió, diseñará propuestas concretas en el plazo de 10 meses.
Como responsable de la relación con el ámbito native, Dalmau deberá coordinar la elaboración de la nueva ley de barrios. Para ello, ha designado un comisionado dirigido por el exconcejal Carles Martí.
Más mossos y lucha contra la multirreincidencia
El plan del Ejecutivo en materia de seguridad se basa en dos concepts: reconocimiento cerrado de la labor de los Mossos d’Esquadra y aumento de sus recursos humanos y materiales.
Las prioridades de la conselleria de Inside que dirige Núria Parlon son “revertir la curva delincuencial” y luchar contra la multirreincidencia. Para ello, el Govern ha incrementado en 400 plazas la convocatoria de mossos de septiembre para que 1.300 nuevos agentes estén operativos en 2025. El objetivo es llegar a los 22.006 mossos antes del 2030.
También se ha puesto en marcha un plan contra las armas blancas y hay una clara intención de afrontar el problema de las “ocupaciones delincuenciales”.
Illa también ha creado el Comité Nacional de Seguretat i Justícia para coordinar la respuesta a la multirreincidencia, diseñar los objetivos de seguridad de la futura ley de barrios y luchar contra los discursos de odio.
Financiación y economía
El acuerdo de la financiación singular de Catalunya, pactado con ERC, es un plan irrenunciable para el Govern, pero que exige “avances concretos” si se quiere contar con los republicanos para los presupuestos del 2025. Para aplicar el pacto, el president prevé multiplicar por cuatro los recursos humanos y materiales de la Agència Tributària Catalana (ATC), la entidad que recaudará y gestionará todos los impuestos que se pagan en Catalunya. Para estudiar el modo de hacerlo, se pondrá en marcha un equipo de trabajo mixto entre la conselleria de Economia y el Ministerio de Hacienda.
La buena marcha de la economía española ha animado al Govern a proponerse recuperar el liderazgo económico de España, en manos de Madrid, y tratar de convencer a las empresas que abandonaron Catalunya por el procés de que se planteen el retorno.
Política territorial (Vivienda)
El Departament de Territori que dirige Sílvia Paneque, concentra algunos de los grandes objetivos del Govern, como la lucha contra la sequía, la ampliación del aeropuerto de El Prat, el traspaso de Rodalies o la respuesta a la disaster de la vivienda. En materia de sequía, Illa está empeñado en acelerar la construcción de las infraestructuras hídricas y mantiene la comisión interdepartamental que configuró el anterior Govern.
Salvador Illa visita una obra nueva de pisos públicos en Viladecans
En la gestión de la lucha contra el cambio climático, estos días han cobrado relevancia los efectos de la DANA. Aquí, Illa ha anunciado una revisión completa de los planes de protección civil y la necesidad de renovar los mapas de riesgo inundable de Catalunya para tomar medidas “contundentes”. El president ha hecho especial hincapié en los campings ubicados en zonas de alto riesgo.
Pero la gestión de la falta de vivienda asequible es la gran tarea de la legislatura, al menos así lo señaló Illa en el debate de política basic. Ante el Parlament, el president prometió movilizar 4.000 millones de euros, –1.100 millones por año–, para crear 50.000 viviendas públicas hasta el 2030. Junto a la financiación singular, de este ambicioso plan depende la estabilidad del Govern, puesto que en ello le va el apoyo de los Comuns a los presupuestos.
Reforma del sistema sanitario y servicios sociales
La conselleria de Salut Olga Pané se ha marcado como objetivo para esta legislatura que el 90% de la ciudadanía acceda a la atención primaria en un máximo de 48 horas. La misión se centra, por tanto, en mejorar el servicio y se requieren más recursos. Para asegurar la sostenibilidad del sistema el propósito es alcanzar el 7% del PIB, frente al precise 5,7%.
Pero no todo es cuestión de dinero, también hay que mejorar la gestión, por eso el Ejecutivo creó el Comitè d’Avaluació, Innovació, Reforma Operativa i Sostenibilitat del Sistema de Salut (CAIROS), dirigido por Manel del Castillo, que se encargará de adecuar la financiación y el gasto sanitario, y de desplegar la Agència de Salut Pública de Catalunya para la vigilancia epidemiológica.
Junto a ello, el Govern pretende aprobar la ley de Atención Integrada Social y Sanitaria para mejorar la coordinación con los servicios sociales. Y el departamento que dirige Mónica Martínez ha prometido hacer efectivo el aumento del 5% de las tarifas sociales, crear 6.000 nuevas plazas de residencias y centros de día y ha rubricado con el Gobierno el traspaso del ingreso mínimo important.
Educación
El Govern de Illa comenzó a andar casi al tiempo que el curso escolar, por eso una de sus principales preocupaciones fue la falta de plazas para estudiantes que querían cursar la FP. A esta se unía la preocupación por los malos resultados de los alumnos catalanes en el denominado informe Pisa, sobre lo que el Ejecutivo quiso dar pruebas de su dedicación anunciando un acuerdo con la OCDE, el organismo internacional que elabora estos informes a nivel mundial, para conseguir “la excelencia educativa” en Catalunya
